La defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas, fundadora y coordinadora de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales A.C.,  (CIARENA A.C.),  ha denunciado que el pasado 27 de febrero por la noche, cuando regresaba de un taller comunitario, se percató que su casa había sido allanada y le habían robado su equipo de cómputo. Esta grave vulneración a su seguridad se une al persistente hostigamiento y las amenazas de muerte que está enfrentando, situación por la cual hace un año se vio forzada a desplazarse de su localidad de residencia, Santa María Lombardo, municipio de San Juan Cotzocón Mixe en el Istmo de Tehuantepec.

La defensora señala como presunto autor material e intelectual de las amenazas en su contra a César Pulido Herrera, funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) quien anteriormente fue agente municipal de María Lombardo. Pese a que las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los actores y perpetradores del allanamiento y de las distintas agresiones directas que ha vivido Silvia, éstas se continúan dando con total impunidad. 

Silvia Pérez Yescas es una defensora de los derechos de las mujeres, las juventudes y la niñez indígenas con una larga y reconocida trayectoria. La situación de riesgo y agresiones que está viviendo en la actualidad inició después de que a través del trabajo de su organización con las comunidades del Istmo se identificaran múltiples casos de feminicidios, agresiones sexuales y violencia física contra mujeres, con especial incidencia en la zona de María Lombardo. 

La población de Santa María Lombardo está sumida en un contexto de violencia y constante violaciones a derechos humanos. Se trata de la localidad en la que fue vista por última vez, en octubre de 2024, la defensora de los derechos de las mujeres y abogada ayuuk Sandra Domínguez, quien desde entonces se encuentra desaparecida. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras demandamos garantías urgentes de protección para Silvia Pérez Yescas y cada una de las integrantes de CIARENA, que se investiguen diligentemente los hechos y se ponga fin a la impunidad con la que operan sus agresores. 

Llamamos a la solidaridad con la defensora y hacemos responsable al Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, de cualquier nuevo ataque contra su integridad y seguridad.