El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha denunciado que la noche del pasado 22 de julio fue allanado el domicilio particular de su directora, Dora Robledo, en San Cristobal de las Casas, Chiapas. Este hecho, que se produce pocos días después de que Dora Robledo fuera ratificada como directora de la organización, es el segundo allanamiento que sufre una persona integrante de la misma en menos de diez meses, y se suma al contexto de hostigamientos, intimidaciones, amenazas y vigilancia sistemática que enfrentan el Frayba y sus integrantes, motivo por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les ha otorgado medidas cautelares de protección. 

Asimismo, el Frayba también ha denunciado la actuación negligente y evasiva de las autoridades responsables de garantizar su seguridad y del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos tras la activación del botón de emergencia de dicho organismo. Para la organización, “este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir”. 

El Frayba es una organización con una larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, especialmente los de las comunidades indígenas, referente y pionera en el Estado de Chiapas; un Estado que, desde hace años, vive una muy grave y compleja situación de violencia política, despojo extractivista, conflictos territoriales y religiosos y actividad paramilitar y del crimen organizado. Ante ello, la labor del Frayba denunciando las sistemáticas violaciones a los derechos de las comunidades y acompañando a éstas en su búsqueda de justicia y ejercicio de sus derechos, es fundamental. Este trabajo ha expuesto a la organización y quienes la integran a reiterados ataques y señalamientos que incluso ha llegado desde las más altas esferas del gobierno federal. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras nos solidarizamos con el Frayba y con su directora, Dora Robledo; demandamos una investigación exhaustiva de los hechos denunciados y exigimos a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que cumplan con su obligación de garantizar la seguridad y protección de todas las personas que integran la organización. 

Asimismo, hacemos una llamado a autoridades públicas, organizaciones nacionales y comunidad internacional a reconocer y acuerpar el importante trabajo en materia de derechos humanos que el Frayba desarrolla en Chiapas, un territorio en disputa entre las más brutales expresiones de las políticas de muerte y alternativas de resistencia y autonomía comunitaria que son referentes de lucha y esperanza en la región y en todo el planeta.