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82% de estas agresiones se concentran a partir de 2020, reflejando una escalada preocupante en los últimos años.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, hacemos el lanzamiento público de la separata “Que buscar verdad y justicia no nos cueste a vida. 10+ Años de agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación en Mesoamérica”. Este documento se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación que se integran, de manera general, en el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos de 2024 y el primer semestre de 2025.
Entre 2012 y junio de 2025 hemos documentado, a través de nuestro sistema de registro, un total de 8,454 agresiones contra compañeras y organizaciones que ejercían y/o demandaban el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La gran mayoría de estas agresiones, 82%, se concentraron a partir de 2020, lo que refleja una escalada preocupante en los últimos años. Este dato coloca a las defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación como el segundo grupo de defensoras que ha enfrentado más violencia en la región, representando 18% del total de las agresiones documentadas.
La violencia que viven estas compañeras está vinculada con la crisis de violencia desatada en muchos de territorios de nuestra región debido, entre otros factores, a la desigualdad, el machismo feminicida, la impunidad y la colusión del crimen organizado con instituciones de los Estados y empresas. En este contexto, muchas mujeres , principalmente madres, hijas, hermanas y esposas, ante la inoperancia, cuando no omisión y complicidad, de los Estados y sus instituciones, se han visto impelidas a transformar su cotidianidad y, la mayoría de veces organizadas en colectivos, convertirse en defensoras de derechos humanos con el objetivo de iniciar la incansable búsqueda de sus personas desaparecidas; o para demandar justicia y reparación para las personas de su familia o entorno cercano que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio, o que están privadas de libertad y sujetas a injustos procesos de criminalización. Muchas otras dan acompañamiento desde sus organizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos, documentan casos de violencia feminicida y de otros tipos, promueven medidas que permiten el acceso a la verdad y a procesos de memoria, rendición de cuentas, reparación y garantías de no repetición por crímenes y otras graves violaciones de derechos humanos.
Estas compañeras son atacadas porque, más allá de ser reconocidas como víctimas o familiares de víctimas, se erigen en sujetas políticas que cuestionan los pactos de impunidad y las políticas de violencia y despojo que buscan imponerse en la región; porque al defender estos derechos desnudan la crueldad del necro-capitalismo, sostenido por Estados cooptados por oligarquías y grupos criminales, que han convertido los sistemas de justicia en un instrumento para proteger intereses privados y perpetuar el negocio de la violencia. Además, sus demandas no se limitan a la exigencia de justicia para casos individuales; se extienden, de manera colectiva, a la denuncia de la complicidad de actores estatales y no estatales en la reproducción de este sistema de impunidad.
Finalmente, el informe, tras ofrecer una mirada panorámica a la situación de estas compañeras en Nicaragua, Honduras, México, Guatemala y El Salvador, presenta una síntesis de seis casos paradigmáticos. Estos casos comprenden, en México, el caso emblemático de Marisela Escobedo, asesinada en 2010 en Chihuahua, y el de Teresa Magueyal, madre buscadora de Guanajuato asesinada en 2023; en El Salvador, los de Eneida Abarca y Violeta Delgado, víctimas de diferentes agresiones por buscar, respectivamente, a su hijo e hija, en el marco del régimen de excepción impuesto en el país desde 2022; mientras que en Honduras se centra en los procesos colectivos del COPINH y la OFRANEH, relacionado el primero con la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres en 2016, y el segundo con la exigencia de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y la demanda de verdad y justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes integrantes de esta última comunidad, incluyendo al presidente del Patronato de la misma, en agosto de 2020.