El presente informe, elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, documenta y analiza el patrón sistemático y generalizado de desapariciones forzadas por motivos políticos en Nicaragua, así como las múltiples afectaciones que estos crímenes de lesa humanidad generan en las personas detenidas y las personas buscadoras.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, Nicaragua ha estado sumida en un contexto derepresión caracterizado por detenciones arbitrarias, torturas, criminalización de personas consideradas opositoras y/o disidentes y el desmantelamiento total del Estado de derecho. En este marco, las desapariciones forzadas se han consolidado como una práctica sistemática —que cada vez se intensifica—y generalizada dirigida a castigar a quienes ejercen su derecho a la protesta, a la defensa de derechos humanos o a la disidencia política. Esta política de represión se desarrolla en un contexto de impunidad estructural, cierre total del espacio cívico y falta de recursos efectivos para las víctimas y sus familias, lo cual agrava aún más la magnitud y el impacto de estas violaciones, quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
Este documento reúne hallazgos de organismos internacionales, testimonios de sobrevivientes, análisis forenses y reportes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Se abordan tanto los impactos diferenciados que sufren grupos en situación de vulnerabilidad —mujeres, personas adultas mayores, adolescentes, pueblos indígenas y personas con enfermedades crónicas— como el sufrimiento y las condiciones adversas que enfrentan las personas buscadoras en su empeño por obtener verdad y justicia, como amenazas, persecución, exilio y desgaste económico y emocional.
El objetivo del informe es visibilizar estas prácticas, denunciar la impunidad que las sostiene y aportar elementos de análisis que fortalezcan la exigencia de responsabilidad internacional al Estado nicaragüense, así como el acompañamiento a las víctimas y a quienes continúan la lucha por encontrar a sus seres queridos.