Sólo en marzo de 2021, la IM-Defensoras registró 282 ataques contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.
Según datos preliminares del registro de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), durante el mes de marzo de 2021 se produjeron al menos 282 ataques contra defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Confirmando la tendencia que ya habíamos registrado para este mismo mes en años anteriores, esto supone un aumento exponencial de las agresiones respecto a los meses precedentes que presenta su mayor repunte en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando las mujeres y feministas salimos un año más a las calles de manera masiva para dar visibilidad a nuestra fuerza colectiva y nuestras demandas.
Este aumento de la violencia que enfrentan las defensoras mesoamericanas se da en un contexto de creciente estigmatización y criminalizacion del movimiento feminista y de mujeres en toda la región. Son una constante en todos los países la represión de las protestas de las mujeres que reivindican sus derechos o exigen justicia ante las violencias machistas, la propagación del discurso de odio por parte de grupos antiderechos, las campañas de descrédito y ciberacoso en redes sociales, así como la criminalización de la protesta social y de la denuncia de casos de violencia y agresiones sexuales.
En El Salvador, 20 de las 25 agresiones registradas durante el mes fueron en el marco del 8 de marzo. La celebración el 10 y 11 de marzo de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Manuela, una joven mujer que murió en prisión tras ser criminalizada y condenada a 30 años de cárcel luego de sufrir una emergencia obstétrica, también generó una campaña de ataques difamatorios contra las defensoras salvadoreñas de los derechos sexuales y reproductivos y las organizaciones acompañantes del caso.
En Guatemala, la estigmatización y el discurso de odio contra el movimiento feminista también se exacerbaron en el marco del 8 de marzo. Para la IM-Defensoras, especialmente graves fueron los ataques contra defensoras del derecho a la verdad, reparación y justicia madres de víctimas de la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida el 8 de marzo de 2017 y cuyo proceso judicial está siendo reactivado.
En Honduras, destacan la creación ad hoc de organizaciones antiderechos con el objetivo de boicotear el 8 de marzo, así como los ataques sufridos por organizaciones feministas como la Plataforma Somos Muchas o el Foro de Mujeres por la Vida. Estos ataques coincidien con la aprobación de unas propuestas legislativas del gobierno que, de manera ilegal y con carácter supuestamente constitucional, pretenden imposibilitar la despenalización del aborto y la aprobación del matrimonio igualitario. Otro dato relevante es la continuidad de las agresiones contra las defensoras del territorio.
En México, las agresiones contra las defensoras se triplicaron en marzo respecto a enero y febrero, llegando a registrarse un total de 84. Represión de la protesta, difamación, limitaciones al derecho a informar, detenciones arbitrarias y violencia digital fueron algunas de las principales agresiones registradas. Las agresiones a las manifestaciones se produjeron en distintos lugares de la república y por parte de diferentes fuerzas de seguridad de orden local y estatal. Ello se da en un contexto de estigmatización y criminalización del movimiento feminista por parte de autoridades y grupos antiderechos.
En Nicaragua, durante marzo de 2021 la IM-Defensoras registró 156 ataques contra defensoras, de ellos al menos 16 en el marco del 8 de marzo. Hostigamientos, asedios, restricciones a la libertad de movimiento, entre otras agresiones mayoritariamente perpetradas por la Policía que forman parte de una estrategia del Gobierno para silenciar a las voces críticas en el marco de la grave crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril 2018.
Los datos presentados tienen carácter preliminar y forman parte del sistema de Registro de la IM-Defensoras, el cual documenta las agresiones contra defensoras de derechos humanos en El Salvador; Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.